Ley de Ética Pública Periodística: nuevo desafío comunicacional para la Argentina

miércoles, 22 de agosto de 2012

Por Fernando Gabriel Martínez *

Argentina tiene por delante un nuevo desafío en materia de comunicación: avanzar en la conformación de un sistema de regulación de la práctica periodística que cuadre con los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un cuerpo de ideas fundamentado en un concepto de Ética que reconozca los condicionamientos materiales de la práctica periodística y que ayude a la ciudadanía a entender los lugares discursivos desde los cuales los medios publican la información.

La pretensión de la presidenta de la Nación acerca de la necesidad de que la corporación periodística se dé a si misma una Ley de Ética Pública puede parecer, en la actual y compleja coyuntura político-mediática, naif. La propuesta aparece en un contexto en que prevalece el aspecto mercantil de la información sobre su función de construcción pública.

Tergiversación del referente (el periodismo se plantea como una actividad referencial, en el sentido de que “habla sobre los hechos”), omisión deliberada de información importante, ocultamiento de operaciones e intereses en la construcción de una noticia que queda completamente ideologizada, son hoy fenómenos, ya no excepcionales sino normativos de la práctica periodística actual y naturalizados por las audiencias.

Lo que a priori puede parecer naif, por el contrario, no lo es. ¿No es momento, luego de lo que ha significado como logro la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que remplazó a la Ley Radiodifusión -22285-, de avanzar en la conformación de una Ley que regule la práctica periodística y sus efectos distorsivos sobre la información?

Porque parte de la coyuntura actual de la que me refería al comienzo, también se caracteriza por el amplio proceso de participación que ha tenido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reconfiguración del sistema argentino de medios que promueve, en términos de inclusión de nuevos actores en la esfera mediática –organizaciones sin fines de lucro, pueblos originarios-. Es decir, al menos una parte de la Sociedad Civil reclama democratización de los contenidos, desconcentración del poder económico de los medios, responsabilidad y mayor presencia del estado en la desmercantilización de la comunicación y en la promoción de una nueva esfera pública.

Si desde hace décadas, no sólo desde los claustros académicos sino también desde los ámbitos profesionales y hoy hasta el ciudadano medio- se reconoce que los medios de comunicación tienen un rol enorme en la construcción (social) de la realidad, ¿por qué no analizar los modos actuales de dicha construcción y proponer una regulación que evite operaciones ideologizadas, es decir, que encubran los lugares materiales y discursivos en los cuales se inscribe la información publicada?

Esta formulación no pretende negar que cada medio construye inevitablemente un perfil editorial que define los famosos “criterios de noticiabilidad” a partir de los cuáles se decide qué es importante/interesante/atractivo publicar y qué no. Un medio de comunicación no deja de ser, al menos en el sistema capitalista, una empresa. Elabora un contrato de lectura para una segmentación de la masa de lectores (su público), que es quien va a financiar el medio a través del pago de los ejemplares, además de la publicidad.

Reconocer la necesidad de regulación de la información periodística implica respetar la construcción de perfil editorial de cada medio pero, al mismo tiempo, establecer las figuras legales pasibles de penalidades en la publicación de la información.

La presidenta acierta cuando afirma la importancia que tiene hoy la información porque a través de ella los ciudadanos toman decisiones. A esa capacidad de publicar los medios llaman “libertad de expresión”. Pero qué sucede si una información se lanza con el objetivo de generar un efecto económico negativo –como una corrida bancaria o la compra masiva de dólares- que deteriora no sólo la gestión económica del gobierno sino, a la postre, a la misma población.

Ante la propuesta de la presidenta, la corporación periodística alerta sobre la Ley de Ética Pública como una espada de Damocles que viene a interferir en la libertad de expresión. Argumento que licúa la responsabilidad de los medios sobre aquello que publican y los intereses a los que representan. Los medios luchan por su cuota de poder social, por ampliar su “libertad de empresa”.

Después de todo, el mensaje publicitario tiene su propia autorregulación y no deja de ser parte del contenido mediático. Pero además en toda América Latina –Uruguay, Venezuela, Colombia, México- aparecen proyectos para dar a la información una función social más que comercial, que ligue el ejercicio de la libertad de expresión con la responsabilidad por lo que se publica. No existe libertad sin responsabilidad.

La cuestión no es obviamente sencilla. Por un lado, la presidenta ha considerado que la ley de ética debe nacer de los mismos periodistas. Está claro que la corporación no tiene ninguna intensión de interponer otras regulaciones a la información que no sean las propias (del medio y las consensuadas por los grandes grupos económicos de la comunicación.

Por otro lado, pensar un sistema de regulaciones a la información desde el concepto de ética es problemático. Si Ética refiere a una dimensión axiológica “purista” a través de la cual se define qué está “bien” publicar y qué está “mal”, como si las conductas periodísticas representasen valores morales per se, la Ley de Ética Pública no sólo no aporta, sino que tiene el efecto contradictorio de pretender desideologizar la práctica-vaciarla de sus condicionamientos materiales, políticos, económicos- y con ello, la ideologiza más.

Pero además de todo ello, cualquier intento estatal de regulación de los medios genera lógicamente sus resistencias sociales, en un país que ha sufrido el efecto de la censura indiscriminada de parte de una forma de Estado represiva en época de Dictadura.

Argentina tiene por delante un nuevo desafío en materia de comunicación: avanzar en la conformación de un sistema de regulación de la práctica periodística que cuadre con los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual basados en la democratización de contenidos, la inclusión igualitaria de los actores sociales y el reconocimiento de la función de construcción social de la información en detrimento de su aspecto comercial. Un cuerpo de ideas fundamentado en un concepto de Ética que reconozca los condicionamientos materiales de la práctica periodística y que ayude a la ciudadanía a entender los lugares discursivos desde los cuales los medios publican la información.


* Director Depto. de Comunicación de CECREDA

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